El pasado 29 de mayo se publicó en el DOGC y, por tanto, entró en vigor la Ley 6/2026, de 28 de mayo, del tercer sector social, que tiene la intención de dotar a las entidades sin ánimo de lucro de un marco jurídico estable que tiene que garantizar el ejercicio de sus funciones y tiene que promover el desarrollo del voluntariado social como pilar fundamental e insustituible de la acción social en Cataluña.

La ley se enmarca dentro de los principios y las finalidades que establece la Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y el asociacionismo, que reconoce la función esencial de las entidades sociales en la promoción de la participación ciudadana, la acción comunitaria y los valores solidarios.

Para garantizar el derecho de las entidades del tercer sector social a participar y a colaborar en la elaboración de las políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones en el ámbito de intervención del sector, se crea el Consejo de Diálogo Civil de Cataluña. Un mecanismo de interlocución, diálogo y participación permanente y bidireccional con relación a la acción del Gobierno y en la acción de las entidades del tercer sector social.

El Gobierno también tendrá que elaborar un plan de impulso y promoción de las entidades del sector, con un periodo de vigencia de cuatro años, que permita un informe anual de seguimiento de la ejecución, así como un informe de evaluación de resultados en finalizar el periodo de vigencia.

Además, también se crea el censo público de entidades del tercer sector social, de naturaleza pública, que será accessible y consultable por medios telemáticos a través de la página web de la Generalitat.